El aumento explosivo de licencias médicas fraudulentas en Chile ha puesto en evidencia una falla estructural del sistema de control sanitario. Mientras el Congreso avanza en endurecer las sanciones, los datos muestran que el problema no es individual ni reciente: se trata de una debilidad institucional que amenaza la credibilidad del vínculo entre médicos, pacientes y Estado.
En 2023 se emitieron casi 8 millones de licencias médicas electrónicas en Chile, una cifra que supera ampliamente los registros previos a la pandemia. Aunque el aumento se explica por patologías de salud mental, el sistema también mostró señales de uso irregular, licencias emitidas desde el extranjero, firmas electrónicas que no corresponden a médicos habilitados y miles de justificativos sin respaldo clínico suficiente.
Un total de 41 médicos extranjeros, en su mayoría egresados de universidades colombianas, abandonaron Chile tras ser investigados por emitir licencias médicas falsas. Muchos ofrecían los permisos por redes sociales y sin evaluar a los pacientes. El perjuicio supera los $2.700 millones, con más de 5.600 licencias y 98 mil días no trabajados. Algunos emitieron licencias psiquiátricas, sin tener esa especialidad, y la fiscalía se encuentra investigando a médicos chilenos por prácticas similares.
En paralelo, la Contraloría reveló que más de 25 mil funcionarios públicos salieron del país mientras se encontraban con licencia médica activa, lo que tensionó aún más la percepción ciudadana sobre el uso de este instrumento.
Frente a estos hechos, el presidente Gabriel Boric fue enfático: “quienes tengan que ser destituidos, tienen que ser destituidos. Acá no puede haber defensa corporativa de ningún tipo. Esa es la línea que ha impartido el Gobierno, la que ha impartido el Ministerio de Hacienda en particular, y todas las reparticiones están revisando caso a caso”, aseguró.
La reacción legislativa fue rápida. En mayo de 2025 se modificó la Ley 21.746, que establece medidas como la suspensión temporal de médicos investigados por emitir licencias irregulares, la exigencia del Examen Único Nacional de Conocimientos de Medicina (EUNACOM) para quienes deseen emitirlas y penas de cárcel a quienes incurran en fraude. También se habilitó la revisión automatizada de historiales clínicos y el cruce de datos migratorios con el reposo laboral.
No obstante, especialistas advierten que el problema va más allá de la sanción penal. El sistema de licencias médicas se basa en la confianza entre el paciente, el profesional y el Estado. Esa relación se ha visto desgastada no solo por el fraude, sino también por la falta de fiscalización oportuna, la sobrecarga del sistema público y la ausencia de protocolos claros para la emisión de licencias en casos de salud mental, donde el criterio profesional es más difícil de verificar.
Foto: Extraída de Defensadeltrabajo.cl
