En su última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric puso en primer plano la lucha contra la corrupción y la transparencia, comprometiendo un paquete de medidas para reforzar los controles y sanciones. El desafío es recuperar la confianza de una ciudadanía que ha visto con escepticismo repetidos escándalos que han erosionado la credibilidad del Estado.
El mandatario reconoció sin rodeos, que la corrupción “daña la democracia” y que la probidad no puede ser un tema menor si se quiere avanzar en reformas sociales profundas. En un claro guiño a los episodios recientes de mal uso de recursos estatales, como el conocido Caso Convenios, Boric señaló que su Gobierno ha impulsado más de 210 medidas para fortalecer la integridad pública, evidenciando una agenda más robusta y sistemática que en administraciones anteriores.
Entre las acciones concretas destacó la creación de la Comisión Asesora Ministerial, que ya recomendó simplificar y digitalizar los procesos de entrega de fondos públicos a organizaciones privadas, un área que hasta ahora ha sido foco de críticas por falta de control y transparencia. Este avance se complementa con el proyecto de ley Transparencia 2.0, que promete acortar los plazos para acceder a la información pública y facilitar las solicitudes mediante plataformas digitales, modernizando una normativa que muchos consideran obsoleta.
El presidente también resaltó la puesta en marcha del registro de beneficiarios finales, que busca acabar con el anonimato detrás de los subsidios estatales y evitar que fondos públicos lleguen a manos indebidas. En esa línea, recordó la Ley 21.746, aprobada en 2023, que endurece las sanciones contra el mal uso de licencias médicas, una de los ejes más cuestionadas de la probidad estatal en los últimos años.
En materia legislativa, Boric anunció la presentación de un proyecto para crear un Servicio de Auditoría Interna del Gobierno, entidad autónoma y con poderes para fiscalizar en profundidad la distribución de recursos públicos, desde los ministerios hasta los municipios. Precisamente, el mandatario hizo un llamado a regular de forma más estricta el lobby, con declaraciones obligatorias, y a extender las normativas de probidad al ámbito municipal, donde se concentran buena parte de los conflictos de interés que afectan la gestión pública.
Estas propuestas llegan en un momento de creciente desconfianza ciudadana. Las encuestas reflejan que solo un porcentaje reducido de la población cree en la honestidad de las autoridades y en la efectividad de los controles. Esto se ha traducido en un ambiente político donde la corrupción es uno de los temas más recurrentes en la agenda pública y electoral.
La oposición, sin embargo, ha cuestionado la velocidad con la que algunas iniciativas avanzan en el Congreso, apuntando a que las reformas podrían ser insuficientes o lentas frente a la urgencia del problema. Por su parte, organizaciones civiles han valorado la priorización de la transparencia, pero advierten que el principal desafío no son las leyes, sino que estas se apliquen con rigor y que se fomente una cultura de ética pública que vaya más allá de las multas y sanciones.
El presidente Boric terminó su discurso subrayando que la lucha contra la corrupción no solo debe quedar en los papeles, sino que debe medirse en la percepción ciudadana y en resultados tangibles. Con las elecciones presidenciales a la vuelta de la esquina, este énfasis apunta a dejar un legado institucional sólido y a ofrecer una señal clara de compromiso ante una ciudadanía cada vez más exigente y crítica.
El Gobierno enfrenta ahora la prueba más difícil, traducir las promesas en acciones concretas y demostrar que la transparencia y la probidad pueden ser herramientas reales para mejorar la gobernabilidad y la legitimidad del Estado en Chile.
Foto: Rodrigo Garrido (REUTERS). Extraída de: Elpais.com
