La muerte de Francisco Albornoz Gallegos, joven técnico en farmacia de 21 años, ha conmocionado al país. Su desaparición por más de 10 días y el posterior hallazgo de su cuerpo el pasado 4 de junio en la ribera del río Tinguiririca, en la Región de O’Higgins, ha dejado en evidencia una compleja investigación por homicidio, que hoy tiene a dos personas en prisión preventiva y ha encendido las alertas sobre la violencia hacia personas de la diversidad sexual.
El joven fue visto por última vez el 23 de mayo, cuando se dirigió al departamento de Christian González Morales, médico ecuatoriano de 31 años, en la comuna de Ñuñoa. También se encontraba allí José Miguel Baeza Espinoza, chef chileno de 41 años. Las cámaras de seguridad del edificio captaron a la víctima mientras se miraba en el espejo del ascensor.
Tras más de una semana sin noticias del joven, el médico cirujano ecuatoriano se presentó en la Fiscalía acompañado de su abogado para entregar información clave sobre su paradero. Fue detenido luego de confesar la ubicación del cuerpo.
Según los primeros antecedentes, los tres habrían consumido sustancias como alcohol, poppers y cocaína. Sin embargo, el Servicio Médico Legal (SML) descartó en su informe la presencia de drogas en el cuerpo de la víctima. La autopsia estableció como causa de muerte traumatismo encéfalo craneano, lo que activó la investigación por homicidio.
El pasado sábado 7 de junio se llevó a cabo la formalización de José Miguel Baeza y Christian González, quienes quedaron en prisión preventiva. El tribunal decretó un plazo de 90 días para la investigación. Durante la audiencia, la Fiscalía presentó pruebas clave, entre ellas registros de cámaras de seguridad y mensajes en redes sociales, que evidenciarían una posible premeditación.
La fiscal del caso, Rossana Folli, afirmó que para el Ministerio Público está descartada la intoxicación como causa de muerte de Francisco Albornoz. Además, señaló que se trató de un “plan delictual” orientado a quitarle la vida.
Como parte de los nuevos antecedentes del caso, familiares y amigos de Francisco Albornoz han iniciado una colecta para reunir fondos y contratar abogados particulares, con el objetivo de asegurar una representación legal sólida y evitar que los imputados queden impunes. “Hemos tomado la decisión de contratar abogados particulares para acompañar a la Fiscalía y asegurar que el proceso judicial avance con fuerza, sin impunidad ni negligencia”, explicaron.
El Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), afirmó que en el país “la homofobia existe”. “Los casos de personas LGBTIQ+ que desaparecen de manera extraña tras supuestamente juntarse con terceros; desconocidos por el entorno de las víctimas; son recurrentes”, señaló la agrupación.
En conversación con 24 Horas, Jacqueline, madre de Francisco Albornoz, calificó los hechos como un acto premeditado: “Yo eso lo encuentro un plan muy macabro. Ellos dicen que estaban choqueados… No. Una mente choqueada no hace eso. Solamente una mente enferma”, expresó.
El caso de Francisco Albornoz no solo deja una herida abierta en su familia, sino que también demuestra que la sociedad aún guarda silencios frente a las violencias que enfrentan las personas de la diversidad sexual. No basta con la prisión preventiva de los imputados, el verdadero compromiso debe nacer cuando dejamos de normalizar el prejuicio, la negligencia y el olvido.
Foto extraída de Página7.cl.
