El caso de las licencias médicas fraudulentas estalló como una bomba en la administración pública chilena. A fines de mayo de 2025, la Contraloría General de la República reveló que más de 25.000 funcionarios habrían viajado al extranjero mientras se encontraban con licencia médica. Esta cifra se obtuvo gracias al cruce de más de cinco millones de licencias con un millón doscientos mil registros de salidas del país durante los años 2023 y 2024. La magnitud del hallazgo remeció la estructura del Estado y puso en tela de juicio no solo la probidad de los funcionarios involucrados, sino también la eficacia de los mecanismos de fiscalización existentes.
Las consecuencias no tardaron en llegar. La primera baja política fue la de la superintendenta de Seguridad Social, Pamela Gana, quien presentó su renuncia tras cuestionamientos por su rol fiscalizador. A esta dimisión, se sumaron más de 1.100 funcionarios públicos que dejaron sus cargos, ya sea por renuncia, desvinculación o finalización de contrato, según confirmó el Ministerio de Hacienda. Pero el impacto no se limitó a las esferas administrativas.
En el Congreso, la Comisión de Salud del Senado abordó el tema con preocupación. Durante una sesión, el diputado Tomás Lagomarsino Céspedes expuso cifras que grafican la dimensión del problema. El 94 % de las licencias entregadas por Fonasa son aprobadas, mientras que las Isapres rechazan un 25 % inicialmente, aunque el 65 % de esas negativas termina siendo revertido en instancias posteriores. “El sistema de COMPIN está absolutamente colapsado y se necesita una reforma integral”, afirmó el diputado en la sesión del 12 de junio, según consta en el sitio oficial del Senado.
La gravedad del escándalo también provocó reacciones desde el mundo académico. En una columna publicada por CIPER, los investigadores Rodrigo Espinoza Troncoso y Ricardo Mena Burgos advirtieron que el caso no solo pone en cuestión la ética del empleo público, sino que revela una falla estructural. “Una reforma permitiría fortalecer la probidad, profesionalizar el servicio civil y mejorar la calidad de los servicios”, sostienen ambos académicos, quienes, además, apuntan a la urgencia de modernizar el Estatuto Administrativo y avanzar hacia un sistema de empleo público más transparente y eficiente.
Desde el Gobierno, el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, llamó a evitar una “instrumentalización política” del caso y aseguró que “las responsabilidades se investigarán con rigor y caso a caso”. En la misma línea, el abogado Guillermo de la Jara, del estudio Lembeye, sostuvo en entrevista con Diario Financiero que “no se puede generalizar, hay que analizar cada situación en su mérito, ya que muchos profesionales prestan servicios específicos que requieren interpretación detallada del contrato y su relación con la licencia médica”.
El impacto económico de esta práctica irregular es significativo. Según estimaciones de CIPER, los municipios del país pierden cerca de 250 mil millones de pesos al año por licencias médicas mal utilizadas, lo que equivale a más de cinco veces la recaudación total de la última Teletón. Esta cifra revela que el problema va mucho más allá de unos cuantos funcionarios inescrupulosos. Se trata de un sistema débil en controles, con incentivos perversos y escasa fiscalización.
Las medidas correctivas ya están en marcha. El Gobierno anunció más de 1.200 sumarios administrativos y 300 denuncias ante el Ministerio Público, solo en el sector salud. Además, se implementará un sistema de auditorías anuales para detectar y recuperar pagos indebidos. Desde el Congreso se han propuesto cambios legislativos que permitan a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) investigar de oficio a médicos sospechosos de emitir licencias sin justificación y establecer sanciones que incluyan multas de hasta 250 UTM o la suspensión profesional.
El presidente del Senado, Manuel José Ossandón, ha sido enfático en la necesidad de empoderar a la Contraloría con nuevas facultades sancionatorias. En una entrevista para Radio Agricultura comentó lo siguiente: “No se trata de falta de voluntad política, sino de respetar la Constitución y las reglas del juego. Pero no podemos seguir mirando hacia el lado cuando el Estado pierde recursos vitales para los ciudadanos”.
Así, el caso de las licencias médicas se convierte en un punto de inflexión para el aparato estatal chileno. Ya no basta con sancionar a los responsables, se requiere una transformación profunda que devuelva la confianza a la ciudadanía y garantice que el sistema público funcione con transparencia, eficacia y justicia.
El escándalo de las licencias médicas no es un hecho aislado, sino una muestra de una crisis más profunda en el Estado chileno. La falta de fiscalización permitió que miles de funcionarios abusaran del sistema sin consecuencias, mientras entidades como la SUSESO reaccionaron tarde o de forma débil. Esto demuestra la urgencia de modernizar el aparato público: no basta con sancionar a los responsables, también hay que cambiar las normas para prevenir nuevos abusos. La ciudadanía exige transparencia y eficiencia, y el Estado debe responder con auditorías, mejor control y una revisión del Estatuto Administrativo. Está en juego la confianza de las personas en sus instituciones.
Foto: Cristofer Devia (Agencia Uno). Extraída de G5noticias.cl
