Claudio Báez, profesor de karate con más de 25 años de trayectoria, fue baleado a quemarropa el pasado 24 de abril en el gimnasio municipal de Calera de Tango, mientras impartía una clase con al menos diez niños presentes. El atacante, que actuó a rostro descubierto, disparó cinco veces antes de huir en un vehículo polarizado. Casi dos meses después, no hay detenidos, y el silencio empieza a pesar más que el estruendo de las balas.
Báez, de 56 años, rompió el silencio por primera vez en entrevista con CHV Noticias. Sobreviviente de lo que muchos califican como un intento de sicariato, relató con crudeza el momento en que su clase se transformó en una escena de violencia extrema: “Intenté lanzarme sobre los niños para protegerlos. Me dispararon sin que pudiera siquiera entender por qué”.
Uno de los disparos ingresó por el cuello, otro perforó el tórax y los restantes impactaron brazo y pierna. Fue internado por más de un mes, con múltiples secuelas físicas. Hoy sigue en recuperación, sin certezas sobre quién intentó matarlo ni por qué.
La Fiscalía aún no identifica al autor material ni intelectual del crimen. Testigos describen al agresor como un joven de piel clara y cabello tipo afro. Las cámaras de seguridad no captaron imágenes útiles. El caso se suma a una creciente lista de delitos graves sin esclarecer en sectores periféricos del país, donde la falta de recursos, coordinación y voluntad política dificultan el acceso a la justicia.
Pero el caso de Claudio Báez no solo revela la fragilidad de la seguridad pública, también expone grietas en la red de protección laboral. A pesar de que el ataque ocurrió en su lugar de trabajo, durante su jornada y con contrato vigente, el Instituto de Seguridad Laboral (ISL) calificó preliminarmente el caso como un “accidente común”, basándose en una declaración anónima y no oficial.
Eso implica que Báez debe costear parte importante de su recuperación con recursos propios. Su familia alega abandono institucional y denuncia una burocracia que no entiende el contexto real de los trabajadores expuestos a la violencia cotidiana. Solo tras la presión pública, el ISL reabrió la investigación para reevaluar la calificación del accidente.
En una comuna marcada por la precariedad y la desprotección, el ataque contra Claudio Báez es más que un caso aislado. Es un síntoma. Mientras el país discute sobre seguridad, crimen organizado y reformas laborales, un profesor que dedicó su vida a formar a niños en la disciplina y la no violencia, carga ahora con las cicatrices físicas y emocionales de un sistema que falló en protegerlo.
“No conozco al hombre que me disparó. Nunca lo había visto. Solo recuerdo que me apuntó, y luego todo fue sangre y confusión”, dijo Báez, con una mezcla de resignación y esperanza. “Estoy vivo, quizás por amor”, agregó, cerrando con una frase que resuena más allá del drama personal.
En un Chile que exige respuestas frente a la inseguridad, y que aún no resuelve cómo proteger a sus trabajadores frente a riesgos extremos, la historia de Claudio Báez interpela a un Estado que, en lugar de responder con contundencia, sigue atrapado en tecnicismos y silencios. Por ahora, el atacante sigue libre. El profesor, en cambio, intenta reconstruir su vida.
Foto: Extraída de T13.cl
