Una educadora del antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) en Temuco, fue destituida tras comprobarse que facilitó drogas a adolescentes bajo su cuidado, promovió su consumo tanto dentro como fuera del centro, y organizó fiestas con jóvenes vulnerables a quienes debía proteger. La investigación interna, que se extendió por más de tres años, concluyó con la desvinculación de la funcionaria en octubre de 2024. Durante todo ese tiempo, la trabajadora recibió su sueldo íntegro, con un salario bruto de aproximadamente 1,6 millones de pesos mensuales, sin ejercer funciones, en medio de un sumario que parecía no terminar nunca.
El caso, revelado recientemente por el medio Ciper, detalla además que la misma educadora permitió que una de las adolescentes del centro viviera con ella durante un período de tiempo, vulnerando completamente las normativas del cuidado institucional. La gravedad de los hechos fue inicialmente denunciada en 2021, pero la causa penal fue archivada por “falta de antecedentes”. Solo tras la reciente destitución administrativa, la investigación judicial fue reabierta. Hasta ahora, no se conocen sanciones penales ni avances concretos en el ámbito judicial.
Este caso evidencia una profunda crisis institucional que el antiguo Sename dejó como herencia. La negligencia sostenida, la lentitud en los procesos investigativos y la permisividad ante faltas graves permitieron que una funcionaria mantuviera contacto con menores pese a señales claras de conducta inapropiada. La impunidad ha sido el sello de este caso, con una Dirección Nacional y una fiscalía que no actuaron con la urgencia requerida. Aunque el Sename está siendo reemplazado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, hechos como este demuestran que el problema no se resuelve cambiando el nombre de la institución. La falta de fiscalización real, la poca respuesta a denuncias internas y el pago de sueldos completos mientras se investiga a funcionarios cuestionados reflejan un sistema que ha protegido más a los adultos que a los niños y adolescentes a los que debía resguardar.
El caso ocurrido en Temuco expone falencias persistentes en el sistema de protección estatal hacia niños, niñas y adolescentes. A pesar del cierre de Sename y la creación de nuevos organismos, continúan registrándose situaciones que evidencian problemas éticos, políticos y estructurales en la supervisión y cuidado de menores bajo responsabilidad del Estado. El hecho ha generado preocupación entre diversas autoridades y organizaciones, que exigen esclarecer responsabilidades y establecer medidas concretas para evitar su repetición.
Foto: Mario Dávila (Agencia Uno). Extraída de Ciper.cl
