La oposición confirmó que presentará una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, pese a su renuncia tras el escándalo de los sobre cobros eléctricos que afectaron a millones de consumidores. La acusación, que será ingresado en los próximos días, busca inhabilitarlo por cinco años para ejercer cargos públicos por una presunta “negligencia inexcusable” y un “intento de ocultar información”. Desde La Moneda, en tanto, acusan una maniobra “con corte electoral” y aseguran que la responsabilidad política ya fue asumida con su salida del gabinete.
La crisis se originó tras la detección de un error metodológico en el cálculo del IPC aplicado por la Comisión Nacional de Energía (CNE) para ajustar las tarifas del período 2024-2025. Ese fallo técnico provocó sobreprecios millonarios que, según distintas estimaciones, fluctúan entre 100 y 225 millones de dólares. La empresa transmisora Transelec había advertido de las inconsistencias más de un año antes, pero según la oposición el ministerio no actuó, configurando un caso de “negligencia inexcusable”. La difusión del informe de la CNE detonó el escándalo, y el presidente Gabriel Boric exigió de inmediato la renuncia de Pardow.
Evelyn Matthei, candidata presidencial de Chile Vamos, fue categórica: “Cuando se cometen errores que afectan el bolsillo de las familias chilenas no puede haber impunidad. La responsabilidad política debe ser sancionada”. En la misma línea, el diputado Juan Antonio Coloma (UDI) criticó a la vocera de Gobierno, Camila Vallejo, por restarle mérito a la acusación, afirmando que “se habrían cobrado de más 225 millones de dólares a los chilenos”.Desde el Ejecutivo, Vallejo defendió la decisión presidencial asegurando que “no hay mérito ni razón para la acusación, porque las responsabilidades políticas ya se hicieron valer”. El biministro de Energía y Economía, Álvaro García, reforzó la postura del Gobierno al señalar que “la plata que se cobró en exceso está en las empresas” y que la prioridad ahora es compensar a las familias afectadas.
Más allá de las cifras y los tecnicismos, el caso Pardow ha adquirido una dimensión política mayor, medir el alcance real de la responsabilidad ministerial en Chile. Para la oposición, se trata de fijar un precedente sobre la rendición de cuentas mientras que, para el Gobierno, de evitar que la crisis se transforme en un juicio simbólico al manejo político del Presidente Boric.
El desenlace de la acusación que se presentará formalmente ante la Cámara de Diputadas y Diputados marcará no solo el futuro del exministro, sino también el pulso entre el Ejecutivo y la oposición en un año donde la confianza pública y la gestión gubernamental están bajo la lupa.
