Perú ha decretado un Estado de Excepción militarización la totalidad de sus fronteras. Esta medida permite a las Fuerzas Armadas peruanas tomar un rol de apoyo directo a la Policía Nacional. Esto responde a la necesidad de fortalecer su seguridad interna, combatiendo el crimen organizado transnacional, el ingreso irregular de personas y el contrabando, un problema especialmente acuciante en el límite con Bolivia y ahora extendido a todo el cordón fronterizo, incluyendo la zona de Arica y Tacna.
El presidente peruano, José Jeri, quien asumió el cargo el pasado octubre tras un proceso de sucesión constitucional, se ha involucrado activamente en la aplicación de esta estrategia. Tras visitar el complejo Fronterizo Santa Rosa en la región de Tacna, el mandatario clarificó el alcance de la medida, señalando que el motivo de la presencia militar es “justamente para anticipar problemas que eventualmente pueden suceder”, buscando así una acción preventiva ante el deterioro de la seguridad regional.
Según análisis oficiales, el Estado de Excepción abarca la totalidad de la frontera peruana: con Ecuador, Colombia, Brasil, Bolivia, y por supuesto, Chile. Expertos han aclarado que esta no es una acción dirigida específicamente en contra de nuestro país, sino una respuesta sistémica a una crisis de seguridad y migración en toda la región.
A pesar de esta aclaración, la noticia impactó en el panorama político chileno, especialmente en el contexto de la carrera presidencial.
Desde la oposición, el candidato José Antonio Kast fue el primero en reaccionar, emplazando de manera directa al presidente Gabriel Boric a viajar a la región de Arica para hacer un acto de presencia en la zona fronteriza. Este llamado se enmarca en una crítica constante de la oposición a la gestión del gobierno en la crisis migratoria del norte.
El emplazamiento de Kast desató una inmediata condena por parte del oficialismo. El senador Tomás de Rementería calificó la movida de la oposición de “irresponsable y alarmista”, acusándola de “descontextualizar la situación para crear pánico con fines electorales, jugando con la seguridad y las relaciones internacionales de Chile”.
De Rementería sostuvo que las relaciones binacionales con países vecinos son demasiado delicadas e importantes como para ser utilizadas como una simple “carnada en su campaña” personal. Este sector aboga por un enfoque de responsabilidad y coordinación entre Estados.
En contraste con el llamado a la confrontación de presencia, la campaña de la candidata Jara del oficialismo ha propuesto un camino diferente, priorizando la diplomacia seria y la inversión en tecnología. Sus soluciones incluyen la implementación de una “muralla digital” para el control inteligente de la zona fronteriza y la mantención de una política de “migración irregular cero” mediante vías de control más sofisticadas que la mera presencia militar.
La militarización peruana obliga a Chile a redefinir su propia estrategia de seguridad en el Norte. El debate se polariza entre aquellos que exigen una respuesta visible y política en el corto plazo, y quienes piden por parte del Estado una solución, tecnológica y diplomática a largo plazo.El desafío para el gobierno chileno, y para el futuro presidente, será poder llevar a cabo una política fronteriza que se anticipe a los problemas regionales, tal como lo busca Perú con su reciente decreto.
La estabilidad de la región de Arica y Parinacota dependerá de si Chile opta por el reforzamiento tecnológico, la coordinación inteligente con sus vecinos, y una estrategia diplomática firme, en lugar de caer en la urgencia del populismo y la descontextualización de un problema que es, por esencia, transnacional.
📷: Agencia Peruana de Noticias
