La megatoma de San Antonio, instalada en el cerro Centinela desde diciembre de 2019, vivió esta semana uno de sus hitos más relevantes luego de que el Gobierno confirmara la expropiación de 100 hectáreas para avanzar en una solución habitacional definitiva para miles de familias. Lo que comenzó como una ocupación espontánea tras el estallido social se transformó con los años en el campamento más grande del país, albergando a más de 10.000 personas y cerca de 4.000 menores de edad, según diversas estimaciones oficiales y municipales.
Durante la gestión de la exalcaldesa y abogada Constanza Lizana, la toma experimentó su mayor expansión. Lizana, que antes de llegar al municipio había representado legalmente a algunas de las familias ocupantes, defendió la permanencia del asentamiento y presionó para que el Estado adquiriera los terrenos. El crecimiento acelerado de la ocupación, sumado a la falta de acuerdo entre los propietarios y los ocupantes, dejó al Gobierno sin margen para una salida convencional.
La administración central anunció esta semana que la expropiación se financiará mediante reasignaciones presupuestarias provenientes de proyectos no ejecutados, una fórmula que permitió avanzar sin solicitar nuevos recursos al Congreso. La medida permitirá entregar lotes urbanizados a unas 3.700 a 4.100 familias, organizadas en más de 40 cooperativas que han trabajado durante meses en propuestas de solución y modelos de financiamiento compartido entre subsidios estatales y ahorros propios.
Para las autoridades, la decisión busca evitar un desalojo masivo que podría provocar una crisis humanitaria dada la magnitud de la comunidad instalada. El Gobierno sostuvo además que la expropiación no abarca la totalidad del terreno (215 hectáreas en total), dejando fuera más de un centenar de hectáreas cuya situación aún deberá resolverse. El valor final de la expropiación, en tanto, será determinado por un eventual acuerdo con los dueños o, en caso de desacuerdo, mediante peritajes establecidos por la ley.
La reacción política ha sido inmediata. Sectores críticos de la medida advierten que esta decisión sienta un precedente complejo, argumentando que podría incentivar nuevas ocupaciones y debilitar el principio de respeto al derecho de propiedad. Otros, en cambio, señalan que la crisis habitacional que afecta al país exige respuestas extraordinarias y que el Estado debe priorizar soluciones que eviten escenarios de violencia y vulneración de derechos.
En paralelo, el Ministerio de Vivienda firmó convenios con las cooperativas que integran a los habitantes de la megatoma, dando inicio formal al “Proyecto Habitacional Cerro Centinela”, que contempla la urbanización progresiva del terreno expropiado. El proceso, sin embargo, será largo, además de la definición del pago, será necesario diseñar la infraestructura vial, sanitaria y eléctrica del sector, así como establecer mecanismos de convivencia y reasentamiento para las familias que no queden dentro del polígono expropiado.
La megatoma de San Antonio se ha convertido en un caso emblemático de la crisis de acceso a la vivienda en Chile y de la tensión entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda digna. La expropiación representa un giro drástico en la estrategia estatal para enfrentar esta realidad, y aunque abre una vía de regularización y urbanización largamente esperada por miles de familias, también deja abiertas interrogantes sobre los costos, los tiempos de implementación y las implicancias políticas de una medida sin precedentes recientes en el país.
