Santiago, octubre 2026 – En las afueras del Salón de Honor del Congreso Nacional, representantes de los partidos de derecha y ultraderecha se reunieron para firmar una declaración conjunta contra la violencia registrada durante el estallido social de octubre de 2019. El documento busca reafirmar un compromiso político con la paz y la seguridad.
A siete años de la crisis sociopolítica de octubre de 2019, presidentes y representantes de los partidos oficialistas (Republicanos, Demócratas, Evópoli, la UDI, Renovación Nacional y el Partido Social Cristiano) firmaron ante la prensa una declaración para condenar los hechos de violencia ocurridos durante las jornadas de protesta.
El documento, titulado “Chile sin violencia: un compromiso por la paz”, sostiene que lo ocurrido en octubre de 2019 condujo a “un camino de violencia, deterioro económico e inseguridad”, cuyas consecuencias, según sus firmantes, continúan afectando al país.
La declaración repasa distintos episodios registrados durante las manifestaciones, entre ellos saqueos, incendios de estaciones del Metro, ataques a iglesias y daños al patrimonio cultural. Asimismo, cuestiona el papel de sectores políticos que, según el texto, “justificaron, avalaron y aplaudieron la violencia de octubre de 2019”.
El presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, señaló que la declaración también busca interpelar públicamente a las colectividades y dirigentes que no condenaron de manera categórica los hechos ocurridos durante las protestas: “Es también un emplazamiento a los partidos y a los dirigentes políticos que titubearon en esa condena siete años atrás, cuando se estaban viviendo incendios, barricadas y todo lo que nosotros sabemos está basado en la violencia para instalar ciertas ideas”, afirmó Squella.
La violencia excluida
Pese a que la iniciativa busca reafirmar un compromiso con la no violencia y distanciarse de los sectores que, según Squella, la avalaron, la declaración omite cualquier referencia a los abusos cometidos por agentes del Estado durante el estallido social. Entre ellos, se registraron actuaciones policiales que derivaron en delitos y vulneraciones contra civiles, como el caso de Patricio Maturana, exfuncionario de Carabineros condenado por dejar ciega a la actual senadora Fabiola Campillai tras dispararle una bomba lacrimógena en el rostro y que recientemente fue beneficiado con Libertad Condicional después de que la Corte de Apelaciones de Talca acogiera la solicitud de la defensa.
Consultada por casos similares y la posibilidad de indultar a funcionarios policiales condenados, la senadora y presidenta de Renovación Nacional, Andrea Balladares, sostuvo que “hay que mirarlo en el largo plazo. El tema de los indultos debe ser mirado caso a caso y no es conveniente apurarlo”.
Por su parte, Arturo Squella afirmó que concretar indultos antes del 18 de octubre sería un error. Sin embargo, defendió la posibilidad de otorgarlos a policías privados de libertad por hechos ocurridos durante las protestas. “Acá hubo un enfrentamiento en las calles cuando las policías quisieron mantener el orden y resguardar el Estado de derecho, lo que da argumento y sustento al indulto particular para las policías que están privadas de libertad”, señaló. Además, agregó que “muchos lo consideramos legítimo”.
Fotografía: Camilo Carrera Orellana
