La política en El Salvador vuelve a situarse en el centro de la atención internacional. Esto, debido a que el actual presidente Nayib Bukele comenzará el proceso de inscripción de la precandidatura presidencial para competir por un tercer mandato consecutivo en febrero de 2027. Una decisión que abre el debate internacional sobre los límites de la reelección presidencial y el estado de la democracia de los salvadoreños, luego de que el congreso aprobara la modificación de la constitución para permitir la reelección indefinida.
Bukele llegó al poder por primera vez en junio de 2019; tras ese periodo ha transformado de manera indescriptible el escenario político salvadoreño en su principal lucha contra las pandillas y el crimen organizado. Esta estrategia de comunicación, sin duda, le ha permitido ser respaldado tanto por el Congreso como por el apoyo ciudadano, tanto así que aún está vigente el estado de excepción desde marzo de 2022. No obstante, este estado le ha permitido la captura de decenas de miles de personas y una drástica reducción de los homicidios. Estos resultados han impulsado niveles de aprobación que lo convierten en uno de los mandatarios mejor evaluados de América Latina.
Según reportes de InSight Crime sobre la evolución de homicidios en la región publicados en abril de 2025, El Salvador ha reducido la tasa de crímenes en un 98%, reduciendo los estándares de homicidios de 107 en 2015 a 1.9 en 2024, lo que lo cataloga como uno de los países más seguros de Centroamérica. Sin embargo, a pesar de esto, diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos, abogados y organismos internacionales han advertido que el estado de excepción ha implicado restricciones en las garantías fundamentales debido a detenciones arbitrarias de algunos convictos.
La posibilidad de un tercer mandato presidencial, sin duda, abre el debate sobre el manejo de la constitucionalidad en El Salvador, debido a que anteriormente se interpretaba la prohibición de la reelección inmediata. No obstante, recordemos que para 2021 la Sala Constitucional, integrada por magistrados nombrados tras la destitución de sus antecesores por la Asamblea Legislativa dominada por el oficialismo, emitió una resolución que abrió la puerta a la reelección consecutiva.
Máximo Quitral, doctor en Ciencias Políticas y experto en relaciones internacionales, explica que la precandidatura de Nayib Bukele para un tercer mandato representa la continuidad del proyecto político que ha impulsado en El Salvador. Si bien organismos internacionales han cuestionado la posibilidad de una nueva reelección, el académico sostiene que: “Es el resultado de un discurso centrado en la seguridad, lo que le entrega la confianza política e institucional para enfrentar esta nueva elección”.
En sectores oficialistas, el mandato de Bukele representa la consolidación de un modelo que ha logrado recuperar la seguridad pública y fortalecer la estabilidad del país, además de sostener que todo funciona democráticamente y es la ciudadanía a la que le corresponde decidir en las urnas si desea mantener ese rumbo político. Por el contrario, sus adversarios consideran que la concentración del Poder Ejecutivo, ser mayoría en el congreso y la influencia en el sistema judicial desequilibran la institucionalidad. Según Quitral, la buquelización de la política latinoamericana puede derivar en la debilidad institucional y la garantía de derechos en otros países, poniendo en riesgo: “Naturalmente, son la democracia, que se debiliten las instituciones y que se instale una figura autoritaria, limitando las garantías constitucionales de las personas”, sostiene.
El eventual tercer mandato de Nayib Bukele trasciende las fronteras salvadoreñas, considerando que su forma de hacer política podría venir replicándose en otros mandatarios. Para el periodista y analista político Hernán López, el hecho de que se traigan de vuelta estas prácticas autoritarias y dictatoriales en países como Latinoamérica: “Socavan la democracia y es una deuda de las clases políticas no saber mantener los vínculos entre gobernantes y gobernados, ni tampoco entender las necesidades estructurales de los ciudadanos”, afirma.
Con el inicio de una nueva carrera presidencial, El Salvador vuelve a enfrentar una discusión que combina seguridad, legitimidad democrática y respeto a la institucionalidad. El desenlace del proceso electoral será seguido de cerca tanto por los ciudadanos salvadoreños como por la comunidad internacional, que observa cómo uno de los líderes más populares de la región busca extender su permanencia en el poder a costa de lo que es la democracia.
Foto: Extraída de Cnnenespanol.com
