El ministro de Justicia, Fernando Rabat, enfrenta una crisis política, penal y legislativa por las rebajas de condena concedidas por vía administrativa a 56 condenados por delitos sexuales contra menores: 27 por abuso sexual y 29 por violación.
Rabat las defendió como cumplimiento de fallos de la Corte Suprema. El ministerio las concedió basándose en sentencias de otros casos, al amparo de la Ley N.º 19.856. La reforma de 2022 excluyó a estos condenados, pero no opera retroactivamente. Aun así, entre marzo y mayo el ministerio rechazó al menos cinco solicitudes por delitos anteriores a la reforma, dos con firma del ministro. CIPER reveló que algunas rebajas se aprobaron pese a reparos técnicos internos. También se beneficiaron extranjeros condenados por narcotráfico, dos internos de Punta Peuco y, el 5 de noviembre, un condenado por homicidio. El 9 de noviembre el Gobierno suspendió todas las rebajas.
Fechas clave
- 28 de octubre: tras la sesión especial en la Cámara, la oposición confirmó que impulsaría la acusación.
- 12 de noviembre: la oposición presentó el libelo, firmado por diez diputados, con tres capítulos: las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores, las rebajas a tres exagentes de la dictadura y las explicaciones entregadas al Congreso, que se acusan de incompletas o inexactas. Son imputaciones de los acusadores, aún por examinar.
- 16 de noviembre: se dio cuenta del libelo en la Sala y se sorteó la comisión revisora. La integran Carlos Chandía (RN), Lorena Pizarro (PC), Germán Verdugo (PNL), Raúl Soto (PPD) y Lorena Fries (FA), con mayoría opositora de 3 a 2. Rabat designó como defensa al abogado Juan Ignacio Piña.
Lo que viene
- Notificación a Rabat. Desde ese momento tiene diez días para comparecer ante la comisión, personalmente o por escrito. No encontré la fecha de notificación.
- Informe de la comisión. Dispone de seis días desde la comparecencia del ministro, o desde que se acuerde continuar sin su defensa.
- Votación en la Sala. Se proyecta para inicios de diciembre.
- Senado. Si la Cámara aprueba, el Senado decidirá, y una condena implicaría destitución e inhabilitación por cinco años.
Votos y respaldo del Gobierno. Considerando el escenario actual, este martes se contabilizan 75 diputados favorables a la acusación constitucional y 76 en contra, mientras que cuatro parlamentarios aún permanecen indecisos, por lo que sus votos podrían resultar decisivos para el resultado de la votación.
Tres de esos votos corresponden a diputados del Partido de la Gente (PDG): Roberto Arroyo, Javier Olivares y Cristián Contreras, este último mantiene su militancia pese a ser expulsado de la bancada en abril del 2026, quienes hasta ahora no han manifestado públicamente una postura definitiva. Cabe destacar que la bancada del PDG tampoco ha adoptado una posición oficial frente a la acusación, pese a que la mayoría de sus integrantes se ha mostrado favorable a respaldarla.
El cuarto voto en duda es el del diputado Jaime Mulet, de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS), cuyo pronunciamiento podría ser determinante en una votación que, por ahora, se mantiene extremadamente estrecha.

