¿Te imaginas despertar un día, abrir la aplicación de tu banco y descubrir que no puedes acceder a tu dinero? Tu sueldo, los ahorros de años de trabajo, lo que reservaste para pagar el arriendo o los estudios. Todo sigue apareciendo en una pantalla, pero no puedes disponer de ello.
No hablamos de ciencia ficción, ni de algún episodio de Black Mirror o Years and Years. Tampoco de una distopía en la que el sistema financiero decide dejarte fuera de un día para otro. Esto ocurrió en Paraguay el martes 3 de noviembre de 2026.
En menos de tres años de funcionamiento, Ueno Bank consiguió cerca de tres millones de clientes y llegó a concentrar alrededor de 800 millones de dólares en fondos públicos. Mientras buena parte del país dormía, alrededor de las 3:00 de la madrugada, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución del banco, una de las principales entidades financieras del país.
La decisión se tomó después de detectar que su solvencia había caído por debajo de la mitad del mínimo legal exigido. La intervención desencadenó una crisis financiera, manifestaciones, investigaciones penales y la destitución del entonces presidente Santiago Peña.
La medida dejó temporalmente sin acceso normal a sus servicios a cerca de 2,9 millones de clientes. Las tarjetas, las transferencias, los cajeros automáticos y la aplicación dejaron de funcionar con normalidad. Miles de personas quedaron sin acceso a sus depósitos para cubrir gastos cotidianos. Sin embargo, el colapso no comenzó aquella madrugada. Para entender cómo ocurrió, hay que retroceder a 2019.
De financiera a banco
Según la reconstrucción publicada por Forbes Paraguay, en 2019 Santiago Peña adquirió acciones de Credicentro, una casa de créditos perteneciente a la familia Vázquez, encabezada por Víctor Hugo Vázquez.
En 2021, el Grupo Vázquez adquirió la mayoría de las acciones de Financiera El Comercio y consolidó su participación en Credicentro. El 27 de diciembre de ese año nació Financiera Ueno, presidida por Carlos Carvallo Spalding, quien posteriormente asumiría la conducción del Banco Central.
Durante 2022, el conglomerado amplió sus negocios con la incorporación de Alfa Seguros y Red UTS, además de cambiar el nombre de Credicentro a Ueno Holding.
En paralelo, Peña avanzaba en su carrera política. Ganó las elecciones internas del Partido Colorado en diciembre de 2022 y las presidenciales en abril de 2023. Asumió la Presidencia el 15 de agosto. Menos de un mes después, el 7 de septiembre, Carvallo pasó a dirigir el Banco Central.
El organismo autorizó a Ueno a operar como banco el 22 de noviembre de 2023 y comenzó sus operaciones el 1 de diciembre. Al cierre de ese año, administraba aproximadamente 321 millones de dólares en depósitos. La relación profesional previa de Carvallo con la entidad sería cuestionada posteriormente, debido a su nuevo papel como autoridad supervisora.
Una expansión acelerada
En enero de 2024, Ueno anunció la fusión por absorción de Visión Banco, operación concretada en junio. Según los datos recopilados por Forbes Paraguay, sus depósitos pasaron de aproximadamente 426 millones de dólares a fines de enero a 1.559 millones en junio.
La expansión también alcanzó otros sectores. El Grupo Vázquez incorporó servicios de pagos digitales, turismo y tecnología. En agosto, Miguel Vázquez anunció el lanzamiento de Upay, su procesadora de pagos. Ese año también adquirió Stay Py, agencia de viajes sobre la que posteriormente desarrolló la marca Uela.
Al comenzar 2025, Ueno administraba aproximadamente 1.854 millones de dólares en depósitos. En febrero, Ueno Holding comunicó al Banco Central su fusión con el Grupo Vázquez. Santiago Peña todavía figuraba como accionista.
En marzo, una asamblea aprobó una reducción de capital y la anulación de las acciones de más de 180 socios, entre ellos el mandatario. La sociedad quedó bajo el control de integrantes de la familia Vázquez. Aunque Peña salió formalmente del accionariado, sus vínculos empresariales anteriores continuaron bajo cuestionamiento. ABC Color también publicó antecedentes sobre la participación de su hermano, Francisco Peña Palacios, en una sociedad relacionada con la estructura accionarial de Ueno.
Durante julio de 2025, según investigaciones de medios paraguayos, Ueno pasó a liderar la captación de fondos públicos en dólares. En agosto ya superaba al Banco Nacional de Fomento. Entre los recursos depositados estaban los del Instituto de Previsión Social (IPS), responsable de administrar fondos destinados a la seguridad social. En diciembre, OTP Bank, el mayor banco de Hungría, invirtió 30 millones de dólares en U Holdings, sociedad relacionada con el conglomerado.
Advertencias antes de la intervención
Durante los meses anteriores a la intervención, las investigaciones periodísticas comenzaron a exponer cuestionamientos sobre la situación financiera de Ueno, los préstamos concedidos a empresas relacionadas con el Grupo Vázquez y la concentración de recursos públicos.
Uno de los registros más comentados fue una reunión entre Miguel Vázquez, fundador del grupo y entonces CEO de Ueno Bank, y trabajadores de la entidad. En el video, difundido por medios paraguayos el 6 de noviembre, el empresario intentaba transmitir tranquilidad frente a los rumores de una posible intervención del Banco Central.
“Al banco no le va a pasar nada”, aseguró Vázquez. También explicó que, ante una eventual regularización, existían mecanismos para solucionar los problemas financieros de la entidad. El registro habría sido grabado durante octubre, semanas antes de que el organismo regulador ordenara el procedimiento de resolución.
El colapso y los reclamos
El 2 de noviembre, el directorio del Banco Central resolvió por unanimidad someter a Ueno Bank a un procedimiento de resolución. La Superintendencia de Bancos había detectado irregularidades en operaciones crediticias con empresas vinculadas al Grupo Vázquez. Varias habrían recibido préstamos y sobregiros elevados, sin garantías suficientes ni ingresos propios para responder por sus obligaciones.
La revisión de esos créditos y el aumento de las previsiones por posibles pérdidas deterioraron los indicadores financieros de la entidad. Al día siguiente, el Banco Central hizo pública la resolución. Su índice de solvencia había caído por debajo del 50 % del mínimo legal exigido.
La crisis también comprometía recursos estatales. Según estimaciones recogidas por Forbes Paraguay, Ueno había captado alrededor de 800 millones de dólares en fondos públicos. Entre ellos estaban aproximadamente 355 millones de dólares del IPS, según informó Infobae. Ese mismo día, el Banco Central presentó una denuncia ante la Fiscalía y se emitieron órdenes de captura contra ocho directivos, entre ellos Miguel Vázquez.
Las manifestaciones se extendieron por distintas localidades. En Asunción, uno de los puntos de concentración fue la sede del Ministerio Público. Frente a las cámaras de ABC TV, un joven relató cómo la interrupción de los servicios afectaba sus estudios.
«Tenía mi plata para pagar facultad, nosotros estamos estudiando, dependemos de eso y ahora no podemos y no sabemos a qué vamos a recurrir», expresó, según recogió ABC Color el 4 de noviembre.
Durante esa jornada, el Ministerio Público imputó a 27 personas vinculadas con la entidad y el conglomerado por presuntos delitos relacionados con conducta indebida en situaciones de crisis, lesión de confianza, tentativa de estafa y violación del deber de llevar libros de comercio.
Mientras avanzaban las investigaciones, Santiago Peña publicó un mensaje dirigido a la ciudadanía. «Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección», señaló. También aseguró que quienes resultaran responsables de irregularidades deberían responder ante la justicia.
La crisis llega al Palacio de Gobierno
Los vínculos empresariales anteriores de Peña, su relación con el Grupo Vázquez y el nombramiento de Carvallo al frente del Banco Central concentraron las críticas de la oposición.
El 5 de noviembre, la Cámara de Diputados inició el proceso de juicio político contra el mandatario. La crisis también provocó una fractura dentro del Partido Colorado, cuando Horacio Cartes respaldó la iniciativa para destituirlo.
Peña anunció su renuncia a la Presidencia, pero su dimisión no fue aceptada de inmediato y el Senado continuó con el procedimiento. El 6 de noviembre, después de una sesión que incluyó la participación de sus abogados defensores, la Cámara Alta aprobó su destitución por 44 votos a favor y una ausencia. Pedro Alliana, hasta entonces vicepresidente, asumió la jefatura del Estado.
Peña se convirtió así en el segundo presidente paraguayo destituido mediante juicio político desde el retorno de la democracia, después de Fernando Lugo en 2012. La investigación penal también continuó. Las imputaciones contra el exmandatario y otros involucrados deberán resolverse en los tribunales y no constituyen, por sí mismas, una sentencia condenatoria.
Los depósitos pendientes y la investigación
La intervención activó el Fondo de Garantía de Depósitos, mecanismo estatal que protege los ahorros hasta un máximo de 75 salarios mínimos, equivalentes a 228,3 millones de guaraníes por persona o entidad, aproximadamente 38.622 dólares.
Según informó la agencia EFE el 10 de noviembre, el 93,1 % de las cuentas elegibles ya había recibido sus depósitos. Se trataba de 1.738.804 cuentas, con un desembolso acumulado de 2,126 billones de guaraníes, equivalentes a unos 340,4 millones de dólares.
La cifra requiere una precisión, ya que inicialmente se hablaba de cerca de 2,9 millones, pero no corresponden al total de cuentas cubiertas, pues se excluyeron aquellas sin saldo a favor, duplicadas o con deudas, entre otras situaciones. Todavía quedaban aproximadamente 128.000 cuentas pendientes de transferencia.
Los depósitos que superan el límite de cobertura presentan mayores dificultades. Los recursos públicos, las inversiones y los fondos empresariales requieren mecanismos distintos de recuperación. Mientras tanto, Carlos Carvallo presentó su renuncia a la presidencia del Banco Central y las diligencias fiscales continuaron con allanamientos y recuperación de documentos.
De Argentina a España: otras crisis bancarias
Lo ocurrido en Paraguay tiene antecedentes en otras crisis financieras, aunque sus características y consecuencias no son idénticas.
En Argentina, en diciembre de 2001, el Gobierno de Fernando de la Rúa impuso restricciones a los retiros bancarios que pasaron a la historia como el «corralito». Miles de personas vieron limitado el acceso a sus depósitos en medio de una crisis económica, política y social que terminó con la renuncia del mandatario.
En España, la crisis financiera de 2008 y el deterioro de las cajas de ahorro desembocaron en rescates, fusiones y una profunda reestructuración bancaria. Bankia fue uno de los casos más emblemáticos, pues su crisis obligó a una intervención estatal y a un rescate financiero europeo.
Los escenarios fueron diferentes, pero ambos episodios dejaron consecuencias que trascendieron las entidades involucradas. En Paraguay, la intervención de Ueno expuso los riesgos de la concentración de depósitos, los vínculos entre empresas privadas y organismos estatales y los mecanismos de supervisión financiera.
Las cuentas que todavía faltan
Al 10 de noviembre, miles de personas ya han recuperado los depósitos cubiertos por el Fondo de Garantía. Sin embargo, los recursos públicos y los montos que exceden la protección legal continúan bajo incertidumbre.
Las investigaciones deberán determinar el destino de los fondos, reconstruir las operaciones entre empresas vinculadas y establecer las responsabilidades de quienes participaron en la administración y supervisión de la entidad.
En menos de tres años de funcionamiento como banco, Ueno reunió cerca de 2,9 millones de depositantes y alrededor de 800 millones de dólares en fondos públicos. Seis días después de que el Banco Central anunciara su resolución, Santiago Peña había perdido la Presidencia.
