Una alerta de la plataforma permitió a la PDI investigar presuntas amenazas contra el Presidente José Antonio Kast. El caso abrió preguntas sobre la colaboración entre empresas tecnológicas y organismos policiales, especialmente después de conocerse que el mensaje denunciado habría sido compartido mientras la joven conversaba con amigos.
La colaboración entre las plataformas digitales y las policías volvió al debate público luego de que Meta alertara a la Policía de Investigaciones (PDI) sobre presuntas amenazas contra el Presidente José Antonio Kast. El caso ocurrió el 29 de octubre, durante la visita del mandatario a la Región de Ñuble, y terminó con la detención de una mujer de 22 años en Chillán. Según explicó el prefecto Nelson Contreras, jefe de la Prefectura Ñuble de la PDI, la institución recibió una alerta de Meta relacionada con un perfil de Instagram en el que se habrían realizado amenazas directas de muerte contra el jefe de Estado.
Sin embargo, un antecedente publicado por Mega Investiga el 30 de octubre agregó un elemento relevante al caso. La investigación habría comenzado luego de que Meta denunciara un mensaje que la joven compartió en una red social mientras conversaba con un grupo de amigos. El medio precisó que no se entregaron detalles sobre el contenido del mensaje. Tampoco se aclaró cómo fue detectado por la plataforma, lo que abrió nuevas interrogantes sobre los mecanismos de revisión de las empresas tecnológicas y la privacidad de las comunicaciones digitales.
Tras su detención, la mujer fue formalizada por el delito de amenazas contra la autoridad. Durante la audiencia, la Fiscalía solicitó medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse al Presidente, pero el Juzgado de Garantía de Chillán rechazó ambas solicitudes y la dejó en libertad sin medidas cautelares. Además, fijó para el 15 de enero de 2027 una audiencia para explorar un eventual acuerdo reparatorio. La defensa cuestionó la calificación jurídica de los hechos y la legalidad del procedimiento.
Sobre el funcionamiento de estas alertas, el comisario Danic Maldonado, de la Brigada Investigadora de Cibercrimen Metropolitana, explicó a Emol que Meta puede informar a las policías cuando detecta contenidos que podrían constituir delitos o representar un riesgo público. Según detalló, la información inicial puede incluir datos básicos del perfil y el contenido reportado, mientras que la PDI debe realizar sus propias diligencias para establecer quién está detrás de la cuenta. Por otra parte, en una publicación de La Tercera del 14 de septiembre, el subprefecto Eugenio Ríos señaló que las alertas de Meta pueden generarse mediante sistemas automatizados e inteligencia artificial. En esa misma entrevista, indicó que la policía no recibe el contenido de las conversaciones privadas de WhatsApp, aunque sí puede interpretar los estados compartidos en esa aplicación.
El caso de Chillán, sin embargo, mantiene preguntas abiertas: cómo detectó Meta el mensaje denunciado, qué información entregó a las autoridades y bajo qué criterios se realizan estas alertas cuando involucran comunicaciones entre particulares. En una columna publicada en El Mostrador el 3 de noviembre, Álvaro Ramis, Presidente Centro de Estudios Territorio y Comunidad, planteó la necesidad de conocer los protocolos que regulan la colaboración entre la empresa y la PDI, además de transparentar los criterios utilizados para compartir información. Así, el episodio vuelve a poner sobre la mesa el equilibrio entre la prevención de amenazas y la protección de la privacidad en el entorno digital.
Foto: Extraída de Noticiaslosrios.cl
