Foto: BioBioChile
El proyecto de Ley de Presupuesto 2027 contempla un aumento del 1,5% del gasto público. Seguridad, crecimiento, empleo y reconstrucción, niñez y protección social aparecen entre las prioridades del Ejecutivo. En áreas de la educación se ven reducciones de hasta 46,7%.
El Gobierno calcula este aumento sobre la ejecución proyectada para 2026, es decir, sobre lo que estima que efectivamente gastará durante este año, y no sobre la ley aprobada para 2026.
El presupuesto distribuye los fondos de acuerdo con las prioridades establecidas para 2027, por lo que existen partidas que aumentan, otras que tienen variaciones menores y programas que representan reducciones.
Entre las prioridades anunciadas por el Gobierno se encuentra el eje de crecimiento, empleo y reconstrucción, que contempla $9,53 billones, con un aumento de 8,1% respecto de 2026. El proyecto considera, entre otras medidas, una cartera de 241 obras públicas por $375.850 millones, además de más de $500 mil millones destinados a la reconstrucción de zonas afectadas por catástrofes.
“Impulsaremos una cartera extraordinaria de 241 obras públicas, en todas las regiones de Chile, pensadas para crear trabajo y avanzar hacia el desarrollo”, menciona el presidente José Antonio Kast en la cadena nacional del miércoles 30 de septiembre.
La seguridad contará con $7,03 billones, equivalentes a un aumento de 9,1%. Estos recursos incluyen policías, cárceles, prevención, fronteras, justicia y defensa. El Ministerio de Seguridad Pública tendrá un crecimiento de 7%, alcanzando $3,48 billones.
Parte de estos recursos se destinará a Carabineros, infraestructura penitenciaria y persecución del crimen organizado. En este último ámbito, el presupuesto de Gendarmería crecería 17,9%, alcanzando $787.696 millones. La PDI tendría un aumento de 7,4%, mientras que Carabineros crecería 3,6%.
La niñez es otro eje principal, con $2,49 billones y un crecimiento de 4,1%. El proyecto contempla aumentos específicos para programas destinados a niños en situación de mayor riesgo y para la reparación de víctimas de graves vulneraciones de derechos. El Fondo de Apoyo al Desarrollo Infantil (FIADI), por ejemplo, tendría un aumento de 165%, alcanzando $10.500 millones, mientras que las intervenciones ambulatorias de reparación aumentarían 19,3%.
El presupuesto de Salud crecería 4,7%, alcanzando $18,31 billones, mientras que el Servicio de Cooperación Técnica (Sercotec) tendría un aumento de 23,5%, llegando a $63.126 millones.
La partida de Educación permite observar cómo el crecimiento general del presupuesto convive con variaciones dentro de una misma cartera.
El Gobierno contempla $17,3 billones para Educación, destinados a financiar la gratuidad para más de 600 mil estudiantes y la alimentación escolar para 1,8 millones de niños, entre otros programas.
“Con estos recursos aseguramos, cada mes, la educación de más de 3,5 millones de estudiantes, reforzamos el apoyo a los 2,2 millones de niños y jóvenes que más lo necesitan, y mantenemos la alimentación escolar para 1,8 millones de niños”, afirma el presidente.
Según la tabla de la Dirección de Presupuestos (Dipres), la partida de Educación prácticamente no varía respecto de la Ley 2026 ajustada, con una variación de 0%, equivalente a unos $2.825 millones menos en términos nominales.
Sin embargo, según información publicada por La Tercera, algunos programas registran reducciones reales al comparar los recursos de 2026 y 2027, considerando la inflación proyectada.
Entre las principales variaciones aparecen los Liceos Bicentenario, con una disminución de 46,7%, equivalente a cerca de $2.931 millones menos, y las prácticas profesionales de educación técnico profesional, con una reducción de 22,9%. También hay bajas en la Residencia Familiar Estudiantil y las Becas Indígenas a privados, ambas con un 7,4%, mientras que Junaeb presenta una reducción de 2,76%.
En el caso de los Liceos Bicentenario, la información publicada señala que se mantienen los proyectos que ya estaban en ejecución, pero no se contemplan nuevas convocatorias. El Ejecutivo busca consolidar los 420 liceos existentes.
La Beca Presidente de la República registra un crecimiento de 2,58%, mientras que la Beca de Alimentación para la Educación Superior (BAES) aumenta un 1,83%.
Otros cambios corresponden a la eliminación del programa de Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TICs) de Junaeb, continuador del programa “Yo elijo mi PC”. Según La Tercera, este programa deja de figurar con financiamiento explícito en la propuesta 2027. En 2026 había contado con cerca de $35 mil millones y se entregó notebooks a 96.100 estudiantes. Si el Congreso no modifica la propuesta, no habría una nueva entrega en 2027.
Fuera de Educación, la propuesta también contempla reducciones en distintas áreas. Según la tabla de Dipres, el Servicio Electoral tendría una baja de 11,9%; Energía, de 11,8%; y Culturas, Artes y Patrimonio, de 10,1%, equivalente a $49.381 millones menos.
También disminuirían los recursos destinados a Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación en 6,4%, con $37.578 millones menos.
El financiamiento de los Gobiernos Regionales tendría una reducción de 4,8%, equivalente a $90.884 millones, la mayor baja en términos de pesos. Economía, Fomento y Turismo disminuiría 2,9%, mientras que Hacienda tendría una reducción de 2,2%.
En vivienda, el presupuesto incluye el financiamiento del primer año de un plan que considera más de 166 mil subsidios, mientras que los recursos destinados a enfrentar incendios forestales se mantienen
El ajuste incluye además una reducción de 6.500 a 1.500 cupos para el traspaso de trabajadores a honorarios a contrata, es decir, para que pasen de prestar servicios bajo honorarios a tener un vínculo laboral como funcionarios a contrata.
El proyecto solicita, además, un techo de endeudamiento de US$25.000 millones, que corresponde al monto máximo de deuda que el Estado podría contratar durante el año, y apunta a reducir el déficit estructural a 1,8% del PIB en 2027.
El proyecto de Presupuesto 2027 deberá ser discutido por el Congreso Nacional, que cuenta con un plazo de 60 días para su tramitación.
