Foto: Montaje hecho por Diego Bunout
El ministro de de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, anunció la paralización de la tramitación de los decretos de rebaja de condenas luego de la intensa polémica generada por la concesión de beneficios a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores. La decisión gubernamental se adoptó tras un análisis técnico de la normativa vigente , en el que se identificó un vacío legal sobre la aplicación de las restricciones a personas condenadas antes de 2022, razón por la cual el Ejecutivo impulsará reformas legislativas con discusión inmediata en el Congreso para abordar la situación.
De acuerdo con la autoridad, el procedimiento permanecerá en pausa mientras se da urgencia a iniciativas parlamentarias que resuelvan la controversia. “Con la discusión inmediata de la iniciativa podremos zanjar esta situación en un breve tiempo y darle tranquilidad a la ciudadanía”, señaló el secretario de Estado.
La polémica por los 56 decretos
El anuncio surge tras revelarse que, entre marzo y septiembre de 2026, el Ministerio de Justicia y DDHH dictó 56 decretos exentos que redujeron las penas de condenados por delitos sexuales contra menores (27 casos por abuso sexual y 29 por violación).
La medida provocó una crisis política, críticas de la Defensoría de la Niñez y cuestionamientos transversales en el Congreso y partidos políticos. La controversia se centró en la aplicación de la Ley N° 21.421 (publicada en febrero de 2022), la cual modificó la Ley N° 19.856 para excluir expresamente a los agresores sexuales de menores de los beneficios por buen comportamiento.
Mientras el Gobierno argumentaba que dicha restricción no podía aplicarse de forma retroactiva a delitos cometidos antes de febrero de 2022 según la jurisprudencia, la oposición y la Defensoría de la Niñez recalcaron que, en administraciones anteriores, como la del expresidente Gabriel Boric, se rechazaban administrativamente estas solicitudes, forzando su revisión en tribunales.
Paquete de reformas con discusión inmediata
Para solucionar definitivamente la problemática, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos presentó una estrategia legislativa que contempla:
- Restricción explícita: Proyectos de ley presentados con discusión inmediata para prohibir expresamente que condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes anteriores a 2022 accedan a reducciones de condena.
- Regla de temporalidad y derechos de las víctimas: Normas claras para fijar los requisitos exigibles a los postulantes y el reconocimiento formal del derecho de la víctima a ser oída durante el proceso.
- Tribunales de Ejecución de Penas: Impulso al proyecto de ley, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado, que crea los Tribunales de Ejecución de Penas. Esta iniciativa propone un procedimiento especial para que solicitudes de la Ley N° 19.856, libertad condicional y otros beneficios penitenciarios sean evaluadas de forma imparcial y técnica por jueces de ejecución y no mediante decretos administrativos.
Con la suspensión de la tramitación de los decretos y el impulso de estas iniciativas, el Ejecutivo busca modificar las reglas de acceso a las rebajas de condena y los procedimientos para resolver estas solicitudes
