Foto: Extraída de gob.cl
4 de marzo, 2026.
3 días después de asumir como presidente.
Lirquen, comuna de Penco, Región de Biobío.
El presidente de la República de Chile hace su primera aparición en televisión, donde presenta su proyecto de Reconstrucción Nacional cuyo plan tiene como objetivo restablecer la economía y la seguridad nacional. Esto tiene como base los incendios que afectaron el sur del país, sin embargo, para el Ejecutivo el proyecto debe ir más allá de la recuperación física de estos espacios y debe abarcar Chile de extremo a extremo, por lo que este fue el día en el que empezó a crearse y consolidarse lo que terminaría por conocerse como “la megarreforma”.
15 de marzo, 2026.
Domingo.
Región del Biobío, comuna de Penco.
El recién asumido ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, habla sobre las 40 medidas destinadas a desarrollarse a través del Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social en el programa Mesa Central del Canal 13. Las medidas estaban agrupadas en cinco grandes ejes: reconstrucción física, económica, institucional, fiscal y del orden legal y de seguridad pública.
El anuncio tuvo reacciones inmediatas en el Congreso, tanto del lado opositor como del oficialista. Días posteriores al anuncio, Radio Pauta publicaba una nota en la que Karol Cariola, senadora del Partido Comunista y Paulina Vodanovic, presidenta del Partido Socialista coincidían en que, las principales preocupaciones, recaían en lo respectivo a indultos, la disminución del apoyo a la gratuidad universitaria y la persecución de deudores del CAE, lo que sería un “incumplimiento de la promesa de campaña” de José Antonio Kast.
La senadora Cariola le dijo a la prensa en aquel momento “que el presidente haga un compromiso frente al país y que lo incumpla los primeros días de su gobierno llama muchísimo la atención. Yo creo que es una pésima señal para el país”.
En cuanto al oficialismo, la en ese momento Vocera de Gobierno, Mara Sedini, defendió la implementación de la reforma, y llamó a la calma diciendo que era un “borrador” del plan que pronto se presentaría ante el Congreso.
22 de abril, 2026.
Palacio de La Moneda.
Se presenta el proyecto de ley oficial, bajo el título de Proyecto de ley para la reconstrucción nacional y el desarrollo económico y social. El Presidente realiza una ceremonia donde concreta la firma y el envío oficial al Congreso de su Plan de Reconstrucción Nacional para que sea debatido, modificado y aprobado en primera instancia por la Cámara de Diputados, siendo el ministro de Hacienda el principal autor del proyecto.
En el mensaje enviado desde el Ejecutivo se presenta que el problema principal no es simplemente a causa de los estragos, daños y afecciones que causaron los incendios en el sur del país a principios de año. Para el Ejecutivo, el deterioro no es solo algo físico, reconstruir significa simultáneamente consolidar el crecimiento, estimular la inversión y el empleo, modificar regulaciones, fortalecer las instituciones y ordenar las finanzas públicas.
24 de abril, 2026.
Cámara de Diputadas y Diputados.
Se oficializa la recepción del proyecto de ley cuando la cámara envía el Oficio N° 21184 a la Corte Suprema. Esto quiere decir que la reforma contenía disposiciones que podían tener relación con atribuciones o funcionamiento de los tribunales de justicia. Por eso, antes de que el proyecto siguiera avanzando, la Cámara debía solicitar la opinión de la Corte Suprema respecto de aquellas materias que afectaban al Poder Judicial.
Esto no significa que la Corte Suprema haya aprobado el proyecto, ni que estuviera realizando un control de constitucionalidad. Es una consulta institucional dentro de la tramitación legislativa.
11-13-18 de mayo, 2026.
Primer trámite constitucional.
Cámara de Diputadas y Diputados.
El Ejecutivo presenta sus primeras indicaciones al proyecto de Reconstrucción Nacional mediante diferentes documentos. Las modificaciones introducen cambios al texto originalmente enviado el 22 de abril y son acompañadas por un Informe Financiero Complementario que actualiza su impacto sobre las arcas fiscales. Con esto, el proyecto comienza a adquirir una nueva forma durante su discusión en el Congreso.
Además, la Corte Suprema publica su respuesta sobre el impacto del proyecto en el ámbito judicial el 11 de mayo. Para mediados de mes, las comisiones comienzan a cerrar su trabajo y el texto queda preparado para la discusión en Sala.
20 de mayo, 2026.
La Cámara de Diputados aprueba en general el Plan de Reconstrucción por 90 votos a favor, 59 en contra y una abstención. Con esto los diputados aceptan continuar con la discusión del proyecto, aunque todavía deben revisar cada una de sus disposiciones.
La discusión muestra que el proyecto se aleja de su versión original. Entre 118 indicaciones que deben ser revisadas, hay una propuesta del diputado Jorge Brito (FA) para incorporar la Sala Cuna Universal. La Comisión de Hacienda había declarado inadmisible la indicación por considerar que correspondía a materias de iniciativas exclusivas del Ejecutivo y que no tenía relación con las ideas matrices del proyecto. La Sala revierte esa decisión por 80 votos a favor y posteriormente se aprueba la incorporación de la medida con 82 votos a favor.
Ese mismo día, la Cámara también incorpora una norma que establece la reconexión gratuita de electricidad, agua potable y gas para hogares y pequeñas y medianas empresas ubicadas en zonas declaradas en estado de catástrofe. La medida busca que, ante una emergencia, las empresas proveedoras deban restablecer el servicio dentro de determinados plazos, incluso cuando existan deudas anteriores asociadas al corte.
La indicación genera conflictos desde el comienzo. El Ejecutivo sostiene que la materia no formaba parte de las ideas matrices del proyecto, sin embargo, la norma queda incorporada al texto que continúa su tramitación.
El gobierno anuncia una reserva de constitucionalidad, es decir, deja una constancia formal de que una determinada norma podría contradecir la Constitución y que, eventualmente, puede recurrir al Tribunal Constitucional para que se revise su legalidad.
Junio 2026.
Segundo trámite constitucional.
Senado.
Las comisiones de Hacienda, Medio Ambiente y Trabajo revisan las materias que les corresponden antes de que la Sala discuta la iniciativa. Este mes el Plan de Reconstrucción fue rebautizado por la prensa y expertos como “Megarreforma” ya que el foco comenzó a ampliarse.
24 de junio, 2026.
El Senado aprueba para legislar y fija el seis de julio como plazo para presentar indicaciones. Con esto el proyecto continúa hacia la discusión particular, donde cada una de sus normas debe ser votada.
6-14 de julio, 2026.
Senado.
Indicaciones y nuevos estados financieros se acumulan. El proyecto que llegó desde la cámara empieza a tener una estructura más amplia y compleja. Las medidas que tomaron mayor relevancia son:
- La reducción gradual del impuesto de Primera Categoría para las grandes empresas, que pasaría de 27% a 23% en 2029.
- La exención de contribuciones para personas mayores de 65 años. El régimen de invariabilidad tributaria para grandes inversiones, que busca mantener determinadas condiciones tributarias durante un periodo establecido.
- La Norma de Calificación Ambiental que permitiría a las empresas recuperar algunos gastos realizados en proyectos que tuvieron una Resolución de Calificación Ambiental (RCA) favorable, pero que esta fuera posteriormente anulada por tribunales.
- Las medidas son aprobadas durante la discusión particular del Senado. Sin embargo, tanto la invariabilidad tributaria como la norma vinculada a las RCA quedan acompañadas de reservas de constitucionalidad.
15-16 de julio, 2026.
Senado.
El proyecto llega a tener 38 artículos permanentes y 25 transitorios, varias de sus disposiciones fueron aprobadas con márgenes estrechos. La sesión terminó pasada las 2:00 de la madrugada después de que el Senado votara artículo por artículo.
La rebaja del impuesto de Primera Categoría quedó pactada de forma gradual. El oficialismo defiende la medida como un incentivo a la inversión y al empleo, mientras que la oposición cuestiona que exista una garantía de que una menor carga tributaria se traduzca en que efectivamente haya un mayor crecimiento.
También se aprobó la exención de contribuciones. Esta discusión se centra en cómo compensar los ingresos que se dejarán de recibir. El Senado aprueba una fórmula de compensación para el Fondo Municipal, pero no resuelve completamente el mecanismo. Este punto queda pendiente en una comisión mixta. La norma RCA es aprobada pese a las reservas constitucionales. También avanzan las disposiciones sobre la invariabilidad tributaria.
El Senado además incorpora el derecho al olvido financiero, que permite eliminar de algunos registros información sobre deudas antiguas y la prohibición del anatocismo, que es el cobro o capitalización de intereses sobre intereses. El ministro Quiroz formula reservas de constitucionalidad respecto de varias de estas materias.
21 de julio, 2026.
Cámara de Diputadas y Diputados.
Tercer trámite constitucional.
El proyecto vuelve a Cámara para el tercer trámite. Los diputados aprueban 27 de las 28 modificaciones del Senado. La discrepancia que no logra resolver es sobre el mecanismo de compensación para las municipalidades por la exención de contribuciones para mayores de 65 años.
La diferencia hace que se conforme una Comisión Mixta, integrada por diputados y senadores, para buscar una fórmula común. El resto del proyecto queda encaminado hacia su despacho.
Tres grupos de parlamentarios de oposición presentan requerimientos ante el Tribunal Constitucional sobre el régimen de invariabilidad y sobre las normas de compensación a proyectos RCA.
22 de julio, 2026.
Comisión Mixta.
La comisión resuelve la compensación estableciendo que la Tesorería General de la República transferirá los recursos necesarios para que las municipalidades mantengan la proporción de ingresos que habrían recibido sin la exención. El Servicio de Impuestos Internos (SII) deberá calcular anualmente la pérdida y comunicarla a la Dirección de Presupuestos y Tesorería.
23 de julio, 2026.
Senado.
El Ejecutivo había intentado cerrar la tramitación durante julio. Sin embargo, antes de que el Senado vote el informe de la Comisión Mixta, queda claro que La Moneda no cuenta con los 26 votos necesarios.
El senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) se encuentra ausente en el periodo de votación, los senadores Matías Walker y Rojo Edwards también se encaminan hacia el rechazo. El Gobierno retira entonces la urgencia del proyecto y la votación queda postergada para agosto.
La postergación abre, además, una nueva negociación. El senador Walker condiciona su apoyo a que el proyecto incorpore recursos para las zonas afectadas por los sistemas frontales en Coquimbo y la provincia de Huasco.
El proyecto de ley que el Ejecutivo esperaba cerrar en julio entra en agosto todavía sin despacho definitivo.
4 de agosto. 2026.
Senado y Cámara de Diputadas y Diputados.
El informe de la Comisión mixta es aprobado por el Senado y la iniciativa queda despachada al Ejecutivo. La tramitación parece llegar a su fin, sin embargo, el presidente aún puede formular observaciones al texto y varias de las normas siguen pendientes ante el Tribunal Constitucional.
5 de agosto, 2026
Ejecutivo
Desde el ejecutivo se presentan tres vetos supresivos al proyecto. Las observaciones buscan eliminar disposiciones que habían sido incorporadas durante la discusión parlamentaria. El llamado “derecho al olvido financiero”, la prohibición del anatocismo y las restricciones a los acuerdos para establecer plazos excepcionales de pago superiores a 30 días para la pymes.
El Gobierno argumenta que la prohibición del anatocismo podría encarecer determinados productos financieros y que las restricciones a los plazos de pago afectarían mecanismos de financiamiento utilizados por las pymes. El derecho al olvido también es suprimido de la versión que finalmente se someterá a la promulgación.
10 – 12 de agosto, 2026
Senado y Cámara de Diputadas y diputados
La Cámara aprueba los vetos y envía al Senado quienes también aprueban las tres observaciones presidenciales. Con esto, el proyecto termina su tramitación en el congreso. El texto que queda listo no es el mismo que se ingresó en abril y algunas medidas incorporadas durante el debate fueron eliminadas posteriormente por el Ejecutivo.
13-14 de agosto, 2026.
Tribunal Constitucional.
Mientras el Congreso terminaba de votar los vetos, el Gobierno había acudido al Tribunal Constitucional contra la norma de reconexión gratuita de electricidad, agua potable y gas en zonas declaradas en estado de catástrofe.
La disposición no formaba parte del proyecto original. Fue incorporada mediante una indicación de la diputada Sofía González (PC) y otros parlamentarios, rechazada inicialmente en la Comisión de Hacienda y posteriormente renovada y aprobada en la Sala.
El Ejecutivo sostiene que la disposición excede las ideas matrices del proyecto porque modifica de manera permanente una ley general, tiene efectos sobre futuras catástrofes y establece obligaciones que no estaban contempladas en el mensaje original.
El 14 de agosto, el Tribunal Constitucional adopta una decisión parcial sobre los requerimientos presentados por la oposición. La invariabilidad tributaria es declarada constitucional en términos generales, pero el TC acota su alcance. Al mismo tiempo, el Tribunal declara inconstitucional la norma que permitía compensar a empresas por gastos directos y no recuperables cuando una RCA favorable fuera anulada judicialmente. También acoge los cuestionamientos contra disposiciones relacionadas con la relocalización de concesiones acuícolas.
El detalle de la sentencia todavía deberá conocerse cuando el Tribunal publique el fallo completo. Por ahora, el resultado modifica nuevamente el proyecto que salió del Congreso. La megarreforma termina su recorrido legislativo, pero algunas de sus disposiciones llegan a este punto modificadas por el propio Tribunal Constitucional.
La iniciativa, que comenzó a gestarse en marzo como un Plan de Reconstrucción Nacional y que ingresó formalmente al Congreso en abril, termina cinco meses después tras una extensa y compleja tramitación. El proyecto, que combinó medidas para apoyar la reconstrucción con cambios tributarios, económicos, ambientales y regulatorios, fue modificado en ambas cámaras, pasó por una Comisión Mixta y estuvo marcado por diferencias entre el Gobierno y sectores del oficialismo y la oposición. Tras su despacho por el Congreso, el Ejecutivo presentó vetos a algunas de sus disposiciones y distintos artículos fueron sometidos al control del Tribunal Constitucional, que terminó modificando parte del texto aprobado.
