Foto: Embajada de EE. UU. en Chile
Luego de ser citado a Cancillería por sus dichos sobre el origen de la violencia durante el estallido social el 18 de octubre del 2019, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, aclaró que su país no realizó una investigación independiente en Chile, que no posee un documento específico sobre el 18 de octubre y que construyó su análisis a partir de fuentes abiertas y antecedentes de policías, académicos y políticos chilenos, en pocas palabras, no contaba con información nueva y relevante respecto al estallido social.
En una entrevista con CNN Chile, el embajador sostuvo la existencia de conclusiones tajantes por parte de la agencia de su país, exponiendo que la violencia de las manifestaciones estaba ligada a un origen ideológico, señalando que la inteligencia de su país fue categórica en señalar que los focos de violencia provenían de organizaciones de izquierda, terminando incluso que los análisis policiales y de inteligencia permitían determinar desde qué sectores provenían esa clase de protestas.
Frente a esas afirmaciones, la Cancillería chilena citó al embajador de Estados Unidos, Brandon Judd, para solicitar antecedentes sobre sus declaraciones. El Ministerio de Relaciones Exteriores sostuvo que toda información que pueda contribuir a esclarecer los hechos y determinar responsabilidades por los actos de violencia ocurridos durante el estallido social debe ser puesta a disposición de las autoridades competentes.
Pero este miércoles el escenario cambió sustancialmente luego de que el embajador de Estados Unidos se reunió con el canciller Francisco Pérez Mackenna. Donde Judd rectificó sus dichos, señalando que la embajada de Estados Unidos no tiene ninguna investigación ni documentos que hablen sobre el estallido social de 2019, especificando que solo revisaron información proveniente de Chile. De esta forma, la versión estadounidense pasó de presentarse como una conclusión tajante de sus servicios de inteligencia a una simple revisión de fuentes abiertas tanto de periodistas, policías, académicos y políticos del país.
A un mes de cumplir los 7 años de los acontecimientos del 18 de octubre del 2019, los dichos del embajador se suman a las últimas controversias que han sacudido al gobierno de José Antonio Kast. Un evento de disconformidad social y política que, según los datos del informe estadístico del estallido social publicado por Fiscalía Nacional en 2025, dejó a más de 21 mil imputados y más de 20 mil víctimas abordadas entre violencia institucional, agresiones a agentes del Estado, incendios y desórdenes públicos. El fiscal nacional Ángel Valencia sostuvo que la fiscalía no dispone de los antecedentes mencionados por el embajador de Estados Unidos y que las causas abiertas están concentradas bajo la dirección del fiscal regional Metropolitano Sur, Héctor Barros. El fiscal Valencia no respaldó la tesis de Judd respecto a la atribución a grupos de izquierda, pero dejó abierta la posibilidad de incorporar nuevas informaciones a las investigaciones vigentes.
La diferencia entre un informe de inteligencia y una prueba judicial para sostener una acusación resulta central en la discusión. Para el periodista y analista internacional José Santelices, director del medio En-Off, el primer elemento que debe considerarse es precisamente la naturaleza de la información que Estados Unidos dice poseer. Según sus palabras, “La afirmación del embajador es delicada porque atribuye la violencia del estallido social a determinadas organizaciones o sectores ideológicos sin identificar públicamente a esos grupos ni precisar la naturaleza de los antecedentes”. Asimismo, el analista señala que “un informe de inteligencia puede contener análisis, información reservada o antecedentes que no cumplen por sí mismos los estándares exigidos por un tribunal. Sin embargo, puede servir para orientar investigaciones, identificar personas o reconstruir redes de coordinación”.
Pese a la tensión generada, la Cancillería no calificó inicialmente el evento como una crisis diplomática formal. Para Santelices, la diferencia es importante. Según sus palabras, “Por ahora se trata solo de una gestión institucional. La Cancillería no convocó al embajador Brandon Judd para entregarle una nota de protesta, sino para solicitar los antecedentes que dice manejar la inteligencia estadounidense y que él mismo manifestó estar dispuesto a compartir”. No obstante, el analista advierte sobre el impacto que tendría la falta de antecedentes concretos, indicando que “la situación podría transformarse en una controversia diplomática si Estados Unidos no entrega información que respalde una afirmación tan categórica, si los antecedentes resultan vagos o si se utilizan políticamente para intervenir en el debate interno chileno”.
Las declaraciones de Judd se enmarcan en una relación bilateral que combina áreas de cooperación estratégica, como la firma de acuerdos en septiembre sobre seguridad y minerales críticos, con episodios previos de desencuentro. En noviembre de 2025, la Cancillería chilena ya había entregado una nota de protesta a Judd, quien ejercía como embajador designado, luego de que el entonces canciller Alberto van Klaveren calificara sus dichos como una intervención inapropiada en asuntos internos.
El choque entre las declaraciones de la diplomacia extranjera y el estado actual de las investigaciones judiciales respecto al estallido social plantea un escenario delicado. Según las palabras de Santelices, “El problema surge porque Judd presentó como una conclusión categórica algo que la justicia chilena no ha podido acreditar en esos términos”. En esa línea, el analista advierte que, de no aportarse elementos verificables, sus expresiones “quedarán expuestas como una afirmación política formulada desde una posición diplomática, con una inevitable señal de intervención en una controversia interna que continúa dividiendo a Chile”. Tras confirmarse que no existió una investigación independiente ni investigadores desplegados en el terreno, la interrogante de fondo sigue siendo qué valor añadido aporta la lectura estadounidense de fuentes abiertas respecto a lo que ya manejan los organismos locales.
