Recientemente, se estrenó la serie Alguien tiene que saber, basada en el caso de Jorge Matute Johns, un caso criminal ocurrido en la ciudad de Concepción en 1999, en el que aún no se ha encontrado al culpable de la desaparición y el asesinato del joven.
La serie de Netflix fue producida por los hermanos Pablo y Juan de Dios Larraín y no contó con el consentimiento de la familia de Jorge Matute Johns. Además, la producción cambió los nombres de los personajes para evitar problemas con los involucrados. La actriz Paulina García fue la encargada de dar vida a “Vanessa”, la madre de Jorge, quien en la serie es llamado “Julio Montoya”. María Teresa Johns, madre del joven, no autorizó la realización de Alguien tiene que saber. En una entrevista con TVN, declaró que no quería que se realizara esta serie, ya que este tipo de producciones, a 27 años del fallecimiento de su hijo, le impiden vivir su duelo.
María Teresa Johns afirma que los hermanos Larraín nunca se acercaron a ella. Señala que coincidió con Juan de Dios en una reunión tras una misa por los 25 años de la muerte de su hijo, Jorge Matute Johns. “Le dije que mejor hicieran la serie cuando yo esté muerta. Él me llamó cobarde”. María Teresa también sostiene que la serie contiene mucha ficción e incluye hechos que nunca ocurrieron, lo que considera una falta de respeto, ya que según sus palabras se lucra con la imagen de su hijo y con el dolor de una madre.
La serie ha generado opiniones divididas. Muchos consideran que es una falta de respeto hacia el fallecido Jorge Matute Johns y su familia, sin embargo, otros sostienen que, al tratarse de un caso de conocimiento público ocurrido hace casi 30 años, puede ser una forma de visibilizar casos criminales en Chile.
Rodolfo Nieto, profesor de ética en la Universidad Gabriela Mistral, afirma que legalmente se puede realizar una producción audiovisual sin el consentimiento de los familiares, siempre que se resguarden el derecho a la intimidad y la vida privada. “Lo más importante es resguardar la intimidad, la privacidad, la honra y la verdad”, señala. Este último punto es precisamente uno de los aspectos que más molestó a María Teresa Johns, quien afirma que la narrativa de la serie no se apega a la realidad.
“El interés público no justifica una producción de este tipo, pero la libertad de expresión y el derecho a la información, desde la ética, sí”. Rodolfo Nieto advierte que este tipo de producciones puede derivar en procesos de revictimización para las familias, al exponer nuevamente su dolor y reabrir heridas que no han sanado completamente aunque esta no sea la intención. Desde la ética, es fundamental considerar el impacto emocional y psicológico que estas representaciones generan en los cercanos de las víctimas.
El caso de Jorge Matute Johns sigue siendo una herida abierta en la sociedad chilena, no solo por la falta de justicia, sino también por la forma en que su historia continúa siendo una incógnita que es utilizada en productos audiovisuales como Alguien tiene que saber, Efecto Mariposa o el documental de 2023 Los secretos del caso Matute. La decisión de realizar esta serie sin el consentimiento de la familia reabre el debate sobre los límites entre el interés público y el respeto por el dolor ajeno. Si bien estas producciones pueden contribuir a mantener viva la memoria de los casos y generar discusión social, también corren el riesgo de distorsionar los hechos y priorizar el impacto narrativo por sobre la verdad.
La controversia en torno a Alguien tiene que saber evidencia la tensión entre la libertad de expresión y el respeto hacia las víctimas y sus familias. En este tipo de producciones, más allá de lo legal, es fundamental considerar el impacto humano.
Fotografía: Extraída de Chilevisión.cl
