Hace unos días, la Universidad Complutense de Madrid liberó el acceso a través de su página web a los resultados de la detección y análisis de incidentes ocurridos durante las últimas elecciones realizadas en Chile. La investigación, realizada por el Observatorio Complutense de Desinformación y el Observatorio Desinformación Chile, se enfocó en las misiones de observación para aportar insumos sobre los desórdenes que afectaron a los procesos electorales en Iberoamérica. El equipo consideró una muestra de 405 incidentes, entre el 17 de octubre y el 19 de noviembre de 2025.
La Universidad Gabriela Mistral (UGM) integró la alianza académica que permitió el desarrollo de este trabajo en el territorio nacional. Participaron como investigadores los docentes José Agustín Muñiz y Alfredo Ramírez. Las labores de monitorización y codificación de contenidos contaron con la participación de los estudiantes: Cristián Acosta, Marcos Álvarez, Josselin Angélica, Julio Bonilla, Carlos Cruchaga, Jaime Echagüe, Matías Jaramillo, Alejandro Macías, Felipe Miranda, Daniela Neira, Daniel Olivero, Óscar Pérez, Marcelo Rocha, Carolina Vásquez y Catalina Vega.
Para José Agustín Muñiz, director de la Escuela de Periodismo y Comunicaciones UGM, la investigación “hace un aporte al país en un asunto que es de máxima importancia: entender y cuidar nuestra democracia y la convivencia política desde aquello que nuestra disciplina tiene como objeto de estudio: la comunicación pública”.
El equipo de trabajo recolectó evidencia a partir del visionado de la Franja Electoral, el seguimiento de perfiles en redes sociales, medios en la red y canales de mensajería. Los codificadores aplicaron la metodología para identificar desinformación, información errónea e información maliciosa. La labor detectó que el 82,2% de los casos provino de la Franja Electoral y de las cuentas de las candidaturas.
El estudio arrojó que las candidaturas actuaron como los emisores de los incidentes en un 48,3% de los registros. Esta cifra contrastó con la participación de otros actores como medios de comunicación o sujetos con influencia en la red. Los datos indicaron que los ataques se dirigieron al Gobierno en un 23,9% de las ocasiones y a instituciones del Estado en un 20,4%.
En relación con los objetivos de estas acciones, la observación determinó que el 45% de los incidentes buscó la distorsión de la realidad. Un 30,5% de los casos persiguió la división de la comunidad mediante relatos que apelaron al miedo o a la polarización entre sectores. Las tácticas que utilizaron los actores incluyeron el daño a la imagen de los contrincantes y la generación de desconfianza en el sistema.
Respecto a la participación de los alumnos de la carrera en este estudio, Muñiz afirma que “el proyecto abrió una oportunidad de desarrollo profesional muy atractiva para los estudiantes de Periodismo, abrió para ellos una posibilidad de dedicación a la investigación académica, sería extraordinario que de aquí surgieran vocaciones por la universidad, la investigación y la publicación de conocimiento de nuestra disciplina”.
La irrupción de la inteligencia artificial en la franja electoral marcó un hito en la observación. El informe documentó el uso de esta tecnología para fabricar piezas de video que mostraron situaciones que no sucedieron. Una candidatura utilizó herramientas para representar a oponentes con uniformes de combate y en contextos de violencia. Otro postulante creó un entorno de ficción donde simuló la inauguración de obras como si ejerciera la presidencia.
El Consejo Nacional de Televisión y el Servicio Electoral comunicaron que la normativa no contempló prohibiciones sobre el uso de la inteligencia artificial en estos espacios. Los organismos llamaron a la adopción de prácticas para advertir a la población sobre el origen de estos contenidos. Las fuentes académicas consultadas indicaron que estas tecnologías permitieron la construcción de realidades alternativas que indujeron a la confusión de los votantes.
Las narrativas de la campaña se agruparon en dimensiones de migración, gestión, ataques y de integridad. El grupo vinculado a la migración utilizó el rechazo hacia los extranjeros para difundir datos sobre preferencias en servicios de salud y educación que no se ajustaron a la verdad. En la dimensión de gestión, se detectó el uso de cifras sobre listas de espera y delincuencia sin el respaldo de fuentes oficiales.
Sobre la integridad del proceso, se registraron videos que difundieron la idea de robos de votos mediante el uso de lápices con tinta que se evapora. También circularon menciones sobre la presencia de personas fallecidas en el padrón para cuestionar la labor del Servicio Electoral. El organismo electoral respondió con estrategias de monitorización para proteger el prestigio de la institución y la confianza de la ciudadanía. El análisis del gasto mostró una discrepancia entre lo que las candidaturas informaron a la autoridad y la inversión que registraron las plataformas de tecnología. Mientras la rendición oficial ante el Servicio Electoral indicó una baja en la inversión en redes sociales para ciertos cargos, las bibliotecas de anuncios revelaron desembolsos millonarios durante los periodos de propaganda.
El informe concluyó que la desinformación en 2025 se situó en el centro de la competencia entre los candidatos. La mayoría de los esfuerzos se concentró en la afectación de la reputación de los adversarios y no en la creación de noticias ajenas a la realidad política. El estudio recomendó la revisión del marco legal para enfrentar el uso de imágenes de síntesis y el fortalecimiento de la educación de los ciudadanos frente a los contenidos de la red.
Foto portada: montaje generado por inteligencia artificial.
